TEXTO DE BONIFACIO DE LA CUADRA - ESPAÑA - EL PAÍS, 25/172009.Las mujeres están excluidas masivamente de puestos directivos. Incluso Izquierda Unida incumple la paridad legal. Cuando ellas ocupan el poder por mérito propio, desde la entraña de la sociedad surge el intento de ridiculizarlas.
Los episodios recientes suscitados por el vestuario y el maquillaje de la ministra de Defensa, Carme Chacón, o por la imagen manipulada de la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, muestran que la discriminación de la mujer no cesa. Cuando las mujeres ocupan el poder por sus propios méritos, de la entraña de la sociedad, a través de los medios más cavernícolas, surge la necesidad de ridiculizarlas por aspectos que nunca se utilizarían para cuestionar a los hombres.
Es cierto que, mundialmente, la desigualdad es más llamativa. La noticia de que en octubre de 2008 Asha Ibrahim, una niña de 14 años, fue lapidada en Somalia por mantener relaciones sexuales sin estar casada, tras ser violada por tres hombres, conmueve las conciencias. Como la de que el 80% de las aproximadamente 700.000 personas sometidas en el mundo a tráfico humano o esclavitud son mujeres y niñas, o la de que en Egipto, durante los seis primeros meses de 2007, murieron más de 200 mujeres a manos de sus familiares, cuando la cifra de unas 70 mujeres fallecidas en España por violencia de género en 2008 ya resulta horrorosa.
Hay países donde niñas con menos de 10 años son vendidas. Es conocido el caso de Hadijatou Mani, una nigeriana que, a sus 12 años, fue vendida al precio equivalente a 320 euros por el amo de su madre -también esclava- a un terrateniente que la golpeó y violó más de una década, hasta que en 2003 una ONG logró su liberación. En España, el grado de igualdad existente entre hombres y mujeres exige recordar de dónde venimos: de una dictadura en la que predominaban personajes como el militar psiquiatra Antonio Vallejo-Nájera, nombrado por Franco director del Gabinete de Investigaciones Psicológicas, que consideraba que "las hembras no estaban facultadas para la lectura de libros", a no ser los de carácter religioso, según reveló Vicenç Navarro (EL PAÍS, 24 de diciembre de 2008). Eran tiempos en los que resultaba más delictivo el adulterio si lo cometía una mujer y en los que a las niñas se las educaba para su papel subordinado en la familia patriarcal, con el plus del Servicio Social, milicia femenina que completaba la sabiduría doméstica y casta de las futuras esposas.
A las mujeres -incapaces legalmente de comprar una lavadora sin la firma del marido- les estaba vedada la milicia, la mina, la policía o la judicatura. Que la Iglesia católica, piloto de las conductas patrias de la época, les negara el sacerdocio -como sigue negándoselo ahora- proporcionaba coherencia y arraigo al resto de las desigualdades. Todavía en nuestros días, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha justificado la obligación de las enfermeras del hospital San Rafael, de Cádiz, de vestir falda, cofia y delantal, por "la finalidad de dar a la clientela una buena imagen de la empresa", decisión judicial que evoca otra que avaló la jubilación anticipada de las azafatas femeninas de una compañía aérea, dada la conveniencia de que las mujeres que atendieran a los viajeros fueran jóvenes y lozanas.
La dificultad con la que avanza la equiparación plena de los hombres y las mujeres parece como si partiera de una diferencia ancestral entre ambos sexos, "natural", según algunos. Sin embargo, la concepción jurídica, al menos teórica, de la igualdad hombre/mujer, tiene más de dos siglos: como ha recordado Nicole Muchnik (La otra declaración de derechos universales, EL PAÍS, 17 de diciembre de 2008), la francesa Olympe de Gouges redactó en 1791 la primera Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, réplica a la revolucionaria declaración de 1789, en la que ni se mencionaba a la mujer. La declaración de 1791 -que costó a su autora ser guillotinada- comenzaba proclamando: "La mujer nace libre y, en derechos, permanece igual al hombre".
Transcurridos 218 años, las mujeres aún no se han equiparado a los hombres. En España siguen sin obtener las mismas remuneraciones que los hombres por idéntico trabajo; llevan sobre sí la sobrecarga de las tareas domésticas sin que la legislación sobre conciliación de la vida laboral y familiar lo remedie; están excluidas masivamente de los puestos directivos; sólo 4 de los 43 sillones de la Real Academia Española los ocupan mujeres; de 96 integrantes del Tribunal Supremo únicamente 7 son magistradas; la paridad establecida por la Ley de Igualdad se incumple incluso en formaciones progresistas, como Izquierda Unida: su Consejo Político eligió recientemente a 7 mujeres para un Ejecutivo de 23 miembros.
Y nadie crea que la actual presencia femenina en actividades que venían siendo masculinas ha tocado techo. ¿Cuánto tiempo queda para que las mujeres compartan con los hombres los equipos de fútbol -también la selección nacional-, baloncesto y otros deportes? La igualdad de sexos está todavía muy lejos.